Cuando las autoridades de la ley detienen a individuos por transportar sustancias controladas dentro del estado de Florida desde otro estado o país, surgen posibles cargos federales junto con los estatales. En general, una condena federal conlleva consecuencias mucho más graves que una condena estatal.
La ubicación de Florida y su impacto en el tráfico de drogas
La ubicación geográfica de Florida ha convertido al estado en un lugar popular para la importación de drogas. Dado este contexto, no sorprende que la posesión de cocaína sea un delito grave en el estado (enlace en inglés). La posesión de más de 28 gramos de cocaína se considera tráfico y constituye un delito de primer grado.
- 28-200 gramos: $50,000 y 3 años de prisión.
- 200-400 gramos: $100,000 y 7 años en prisión.
- 400 gramos – 150 kilogramos: $250,000 y 15 años de prisión.
- Más de 150 kilogramos: Puede llevar a una condena de cadena perpetua.
Heroína y otras sustancias narcóticas
La heroína y otras sustancias narcóticas siguen siendo ilegales tanto a nivel federal como estatal. Las leyes de Florida sobre la heroína no son leves, ya que la posesión de heroína se considera un delito grave (enlace en inglés). Las acusaciones contra traficantes y distribuidores son aún más serias.
El estado ofrece opciones para los infractores por primera vez que necesitan tratamiento. Algunas jurisdicciones cuentan con “tribunales de drogas” especializados que pueden ayudar a los acusados de delitos de drogas a evitar la cárcel, ofreciendo tratamientos y otras alternativas.
Venta, distribución y fabricación
El fiscal debe demostrar más allá de una duda razonable que el acusado vendió, fabricó o distribuyó cualquier cantidad de heroína, o tuvo la intención de vender, fabricar o distribuir la sustancia. Las sanciones incluyen:
- Hasta 15 años de prisión.
- Hasta 15 años de libertad condicional.
- Multa de hasta $10,000.
Florida tiene una larga historia de tráfico de drogas. Los cargos penales federales pueden ser implacables, pero es fundamental recordar que todos tienen el derecho a una defensa legal sólida. Trabajar en estrecha colaboración con un abogado puede marcar la diferencia en la lucha contra estas acusaciones graves y proteger sus derechos fundamentales en el proceso.